Anticorrupción analiza si ha prescrito el delito de cohecho de Ribó y la hermana de Guardiola

La Fiscalía Anticorrupción está analizando si Francesca Guardiola (hermana del ex entrenador del Barça Pep Guardiola), el Sindic de Greuges Rafael Ribó (sindic de Greuges) y otros altos cargos de la Generalitat pudieron incurrir en un delito de cohecho al aceptar que un empresario del 3% les pagara un viaje a Berlín para ver jugar al Barça la final de la Champions de 2015.

El empresario Jordi Soler fletó un avión privado para trasladar a Berlín a 14 cargos de la Generalitat y sus familiares el 6 de junio de 2015. Xesca Guardiola viajó gratis total acompañada de su marido, Ramón Camp, que ha sido diputado nacional de Convergència y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Sindic Rafael Ribó pidió a Soler que le permitiera ir acompañado de su hija.

Otro de los pasajeros del charter privado fue el ex director general de Infraestructuras de la Generalitat Josep Antoni Rosell, quien fue detenido  en 2015 por adjudicar contratos públicos millonarios a cambio de comisiones ilegales del 3% para Convergència (hoy PDeCAT).

A raíz de un requerimiento del juez José de la Mata, la Guardia Civil ha constatado que el vuelo de ida y vuelta Barcelona-Berlín prestado con una avioneta privada de la compañía Air Charter Service Spain costó 39.900 euros. Jordi Soler –quien ha confesado que pagaba comisiones del 3% a cambio de recibir contratos de la Generalitat– pagó todos los gastos a través de tres empresas de su grupo.

Hasta un año de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción estudia ahora si puede solicitar la imputación de Rafael Ribó, la hermana de Guardiola y el resto de invitados al viaje, como autores de un delito de cohecho. Como paso previo, debe determinar si este presunto delito ha prescrito.

Si se trata del «cohecho impropio» previsto en el artículo 422 del Código Penal (en el que incurre «la autoridad o funcionario público que admitiera dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función») el plazo de prescripción es de entre tres y cinco años.

Puesto que el viaje gratis total se realizó el 6 de junio de 2015, el plazo máximo de prescripción concluiría en junio del próximo año.  La pena prevista en el Código Penal es de seis meses a un año de cárcel, y hasta tres años de suspensión de empleo y cargo público.

Cuando sucedieron los hechos, tanto Rafael Ribó como la hermana de Guardiola y Josep Antoni Rosell tenían la consideración de funcionarios públicos. Rafael Ribó ocupa el cargo de Sindic de Greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo) desde junio de 2004.

La «embajadora» en Dinamarca

Declarado independentista, dedicó todos los recursos de la institución para elaborar un informe titulado «La vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción penal al 1-O y la aplicación del artículo 155». El pasado mes de junio, Ribó acudió al Parlamento británico para denunciar la «represión» que sufren los presos golpistas.

En cambio, jamás se ha preocupado por la persecución que sufren los constitucionalistas en Cataluña, ni por los niños a los que se impide estudiar en castellano, ni por los comerciantes que son multados por rotular su establecimiento en español.

En cuanto a la hermana de Pep Guardiola, Xesca Guardiola, era subdirectora general del Relaciones Exteriores del Departamento de Presidencia de la Generalitat cuando dejó que el empresario del 3% Jordi Soler le invitara a viajar gratis a Berlín junto a su marido, Ramon Camp, para presenciar la final de la Champions entre el Barça y el Joventus.

Puigdemont la colocó en abril de 2015 al frente de la «embajada» de la Generalitat para los Países Nórdicos, con sede en Dinamarca y un sueldo de 80.589 euros anuales, fue destituida en aplicación del artículo 155 y ahora Quim Torra la ha restituido en el cargo.

Mordidas camufladas como «donaciones»

Su viaje a Berlín pagado por un empresario del 3% no es el único problema judicial al que se enfrenta la hermana de Pep Guardiola. Como ha informado OKDIARIO, también está implicada en el procedimiento que el Tribunal de Cuentas tiene abierto para exigir la devolución de los cerca de 400 millones de euros que la Generalitat ha gastado irregularmente desde 2011 para recabar apoyos internacionales al proceso de independencia de Cataluña.

El empresario Jordi Soler confesó ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que pagaba comisiones del 3% al PDeCAT, camufladas como «donaciones» a la Fundación CATDem, para conseguir contratos de la Generalitat. En concreto, el Grupo Soler pagó 664.604 euros a las fundaciones vinculadas a Convergencia entre 2008 y 2015, cuando se inició la investigación judicial.

Cuando confesó estos hechos ante el juez, Soler citó un aserto que repetía su abuelo durante la posguerra: «Cuando te vas a comer la gallina, que tu vecino no vea las plumas». El empresario explicó que negociaba el pago de estas comisiones con el ex conseller de Justicia Germà Gordó, otro de los principales imputados en la causa. La Guardia Civil investiga ahora si Soler pagó otros viajes gratis a cargos de la Generalitat para obtener contratos públicos.

Los indicios recogidos apuntan a que pagó otro viaje al ex tesorero de Convergència Andreu Viloca (detenido en 2015 por su implicación en la trama del 3%) para asistir a un partido de Champions entre el Barça y el Bayern Leverkusen en 2012. También habría invitado gratis al actual portavoz de Junts per Catalunya Albert Batet, para asistir a un partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça en 2012.